REO DE LA LEY
Por: Luis H. Arthur S. www.luis.arthur.net www.luisharthur.blogspot.com 18 Noviembre 2006
El Fiscal del Distrito se queja que los jueces sueltan a los delincuentes, ellos contestan que los fiscales no preparan bien la acusación ni las pruebas y se ven obligados a soltarlos en acatamiento de la ley
Los ciudadanos nos quejamos de que la delincuencia nos arropa y de delincuentes sueltos con veintenas de fichas policiales que andan sueltos cometiendo nuevas fechorías.
Los Organismos Internacionales y algunos Embajadores se quejan de la falta de justicia y seguridad jurídica en el país.
El gobierno dice que la justicia es un poder autónomo y el ejecutivo no se inmiscuye.
La prensa desde hace varios meses nos trae el litigio entre Verizon y la DGII sobre los impuestos a pagar según la ley, por ganancia de capital de una empresa nacional que se vende. Han opinado nacionales y extranjeros, primeros ministros, senadores y “analistas independientes”. Cada uno según quien le pague, aunque muchos lo han hecho sin “agenda” en interés nacional.
Ante opiniones encontradas, el caso se llevó al Tribunal de lo Contencioso Tributario, tras muchas semanas, dio su sentencia a favor de la DGII. Verizon la recurrió y ayer que se conocería el juicio luego de citar a los ejecutivos de esa empresa, sólo una parte se presentó. Motivo enfermedad. Se suspendió hasta el 27.
Lo extraño del caso es que el Señor Embajador de los EE.UU. que ya antes había intervenido, ayer se reunió con los ejecutivos (ya sanos) de Verizon y nuestro Señor Presidente en palacio.
¿La agenda?, buscar no pagar. Diarío Libre nos trae la primicia de que se esta por llegar o ya se llegó a un acuerdo donde el estado se “tranza” por US$250 millones de los US$518 de la sentencia.
¿Y entonces? ¿Sólo los dominicanos tenemos que acatar la ley y pagar impuestos? ¿El representante del país que mete a la cárcel a los que no lo pagan, con su poder avasallante trata de acorralar más a un Presidente disminuido por la necesidad de dinero, fruto de problemas y mala gestión administrativa, y bajo gran presión del FMI.
Esto en medio de un ambiente caldeado por una reforma que busca sacarle al pueblo una cantidad similar a esos US$518 millones.
El Presidente no puede hacer arreglos contra una sentencia, sin hacerse reo de la ley.
Luis@arthur.net
